Hasta el día de hoy no existe ninguna evidencia de que la pena de muerte previene o reduce el crimen más efectivamente que otro tipo de castigos. Un estudio de las Naciones Unidas actualizado en el 2002 concluyó que la pena de muerte no es significativamente mejor que la cadena perpetua.

Por otro lado, los países que han eliminado la pena de muerte no han notado incrementos en el crimen: De hecho, en Canadá el nivel de homicidios cayó de 3.09 por 100,000 habitantes un año antes de la eliminación de la pena de muerte en 1975 a 2.41 en 1981 (y ha continuado cayendo: 1.73 en 2003 -44% menos).

En resumen, no hay evidencia que defienda la aplicación de la pena de muerte como una medida preventiva (a cualquier crimen).

Más aún, la aplicación de la pena de muerte no es como la aplicación de un nuevo tipo de castigo. Con la pena de muerte no hay errores que valgan; no hay segundas oportunidades. Un mal manejo de la justicia (y en el Perú el Poder Judicial cojea) conlleva a la muerte de una persona inocente. Desde 1973, en Estados Unidos, 173 prisioneros condenados a muerte tuvieron que ser perdonados porque se demostró que eran inocentes. En el Perú con menor acceso a métodos y tecnología forenses no podemos contar con que algunos de estos se salven (que no es el caso en Estados Unidos tampoco).

De hecho, si comparamos Estados Unidos (con pena de muerte) con cualquier país europeo (sin pena de muerte) podemos ver que los niveles de crimen son significativamente más elevados en el caso del primero. Inclusive dentro de Estados Unidos, los Estados sin pena de muerte tienen menos crimen que los que sí tienen pena de muerte. En 1994, el promedio de homicidios en un estado con pena de muerte era de 8 por 100,000, mientras que en uno sin pena de muerte solamente 4.4. Y los niveles de crimen han continuado cayendo aún cuando más estados están eliminando la práctica.

Los anuncios del Presidente García y de algunos de sus ministros son anuncios populistas. Mano dura, como le gusta a la gente. Es un ‘show’ de pistolas para demostrar quién esta a cargo. Pero no están basados en ningún tipo de evidencia concreta. Ni en la realidad política y práctica de un sistema policial y judicial incapaz de evitar errores (irreparables). En el mismo discurso, la Presidenta del Congreso, Mercedes Cabanillas, habló de la necesidad de reformar el Poder Judicial y de la posibilidad de implementar la pena de muerte –totalmente contradictorio. Además, viola la Convención Americana sobre Derechos Humanos (la misma que el APRA y a oposición defendían en la era Fujimorista).  Y de ser aplicada a menores violaría además la Convención Universal de Derechos Humanos (Y la del Niño).

Existe un problema serio de violencia sexual en el Perú. Hace unos años me tocó llevar a cabo un estudio sobre violencia doméstica en el Perú. En una serie de entrevistas y ‘focus groups’ en Huancayo, descubrimos un mundo en el que niñas son violadas repetidas veces por padres, hermanos, tíos, abuelos, primos y amigos. Estas niñas son maltratadas en el hogar pero también por los médicos legistas, la policía y los representantes del poder judicial. Como en todo el mundo, la mayoría de los crímenes son cometidos por personas cercanas a la víctima. Esto no es cosa de unos pocos locos o seres malvados. Es un problema endémico. No se soluciona matando a los culpables –porque nunca acabaremos- sino enfrentando las causas del mismo. ¿Dónde esta el debate? ¿Dónde están los expertos en crimen y comportamiento humano?

La introducción de la pena de muerte pide, además, un debate moral que ha permanecido invisible en los medios. Matar a un ser humano. Tomar la vida de otro ser humano en una situación que no puede describirse como defensa personal sino, simplemente, como venganza. Eso es lo que es. Venganza. No soluciona nada. No es justicia, porque no ayuda, de ninguna manera a la víctima.

Está el argumento del costo de mantener en la cárcel a una persona de por vida. ¿A quién queremos engañar? En el Perú los presos dependen de la comida que les traen sus familiares. Viven en celdas llenas hasta el tope. No reciben ningún tipo de apoyo legal que pudiese llamarse apoyo. No gastamos nada.  No intentamos rehabilitarlos. No los reeducamos. No gastamos nada.

La pena de muerte en el Perú será regresar a tiempos de en los que algunos ciudadanos tenían más derechos que otros. En los que el Estado no había todavía reconocido el derecho a la vida de todos sus ciudadanos. Defender los derechos de los niños no significa matar a sus violadores. El problema es más complejo, Sr. García. ¿Será por eso que prefiere la salida fácil? El problema pasa por defender el derecho a la salud. El derecho a la seguridad alimentaria. El derecho a la educación. El derecho a la vivienda, a la protección del Estado, a la participación en las decisiones que afectan sus vidas (indirecta y directamente), etcétera.

La cosa no se soluciona matando gente y aumentando el gasto social en unos pocos puntos porcentuales. El camino es largo y tiene pocas retribuciones políticas. Pero es el camino correcto. Las ideas están sobre la mesa. En GRADE, en el CIUP, en la Católica, en el CIES, en ForoSalud, Foro Educativo, CONVEAGRO, en IEP, y en las varias ONGs y demás centros de investigación que día a día estudian estos temas y hacen disponibles sus recomendaciones.

Falta convicción para combatir las causas de la pobreza pero no para mandar a matar. Es un mal comienzo.

Existen, por supuesto, distintos puntos de vista. Los pueden ver acá.