Revisando las versiones impresas de varios periódicos limeños me doy cuenta que existe un cantidad bastante saludable de discusión política y de políticas. Más de la que yo había notado a través del internet, por ejemplo. Pero en la discusión de políticas aún noto algo que permanece ausente: o más bien existe en otro estado. La política social aún se mantiene al margen de la política macroeconómica. Se discute política social de forma separada a la discusión sobre políticas comerciales, empresariales, industriales, de integración, mineras, de inversión, etc. Las opiniones y llamados de reformas de los “empresarios” expertos en El Comercio, por ejemplo, están divorciadas del análisis de las políticas sociales y su impacto – lo mismo las consideraciones del TLC (inclusive en la comparación con el TLC Colombiano). Se confunden los “síntomas” del crecimiento económico con el desarrollo y se confunde la política social con las acciones orientadas al apoyo a los más pobres.
Las políticas sociales son (o pueden ser) definidas como cursos de acción dirigidas a lograr cambios sociales (en las estructuras y procesos de la sociedad). Una política comercial de apertura o la privatización de un puerto, por ejemplo, tienen efectos directos sobre ambas –tanto en el ámbito local como nacional. Cambios en los patrones de intercambio, acceso a nuevos mercados o la respuesta a necesidades logísticas y demandas industriales pueden (y de hecho tienen) efectos sobre la sociedad.
En momento, por lo tanto, que empecemos a hablar de políticas de desarrollo. Que incorporen lo que hoy conocemos como “social” al centro del proceso de formulación e implementación de las mismas. Que no permitan que las políticas económicas o mineras o comerciales (etc.) se diseñen de forma aislada – a espaldas de la sociedad civil y con solamente un limitado nivel de participación popular.
Existen en el Perú muchos procesos participativos muy interesantes que han surgido a raíz del proceso de descentralización y de la apertura de espacios democráticos durante el periodo de transición hace 5 años. Harían bien los candidatos y futuros gobernantes si los utilizaran al máximo, poniendo en debate no solamente “lo social” sino la política en su integridad. Asegurándose que las decisiones sean legitimas y sostenibles.
