El domingo, el pueblo francés votó (en un referéndum) en contra de la nueva constitución de la Unión Europea. Hoy, el pueblo holandés votará, sugieren las encuestas, de la misma manera. Votar en contra de una constitución que de alguna forma simplemente ratifica lo que ya ha estado pasando en la práctica, parece una cosa de locos. Especialmente cuando consideramos que Francia es uno de los países líderes de la UE. Votar en contra de un proceso que se inició hace más de 50 años y que se encuentra casi al final del camino resulta inconcebible.

Pero en Francia, votar por el No, para muchos, fue la mejor manera de hacerle saber al gobierno que no están contentos con el proceso ni con los ideales detrás de lo que alguna vez fue un ideal Europeo. No están en contra de la UE, sino de la forma en la que se esta creando.

¿Esto que tiene que ver con el Perú? Una persona relacionada con las negociaciones del TLC y el lobby corporativo que lo viene promoviendo me comentó hace unos meses que ‘estamos firmando un TCL con Estados Unidos’. ‘Negociando un TCL’, dije yo, ‘no firmando sino negociando’. ‘Es lo mismo’ me dijo.

No, no es lo mismo. En una negociación justa sólo se debe firmar al final de un proceso en el que ambas partes obtienen un resultado mejor que aquel que obtendrían sin negociar. Ningún negociados se sienta en la mesa con el lapicero en mano y dice: ‘a ver, ¿Dónde firmo?’. Quiero creer que los negociadores peruanos no han hecho eso.

Pero, con tan poca información sobre lo que en realidad esta pasando en las negociaciones y la pobre, paupérrima consulta popular que, según nos dicen, se ha llevado a cabo, cómo podemos estar seguros que esto no es lo que justamente han venido haciendo en el ultimo año. Al fin y al cabo, el gobierno peruano ha dado, en más de dos ocasiones, fechas límites para la firma del TCL. Y los sectores corporativos no pueden imaginar un escenario sin el TLC.

No firmar parece no haberle pasado por al cabeza a nadie en el gobierno y el sector corporativo. Y lo que me dicen los que están a favor del TLC es que los costos no se comparan con las ganancias y que a la larga, en todo caso, esas ganancias beneficiaran a todos. No me río porque no a todos les importa (o trabajan por) el bienestar de los pobres y entonces no tendrían porque haber leído todos los estudios que desde ya mas de una década vienen probando que una de las principales causas de pobreza crónica (de largo plazo) e inequidad han sido, justamente, estas políticas de apertura comercial y liberalización que fueron impuestas sobre el mundo en desarrollo. Ni se habrán enterado que ya los propulsores del llamado ‘goteo’ –léase el Banco y el Fondo- han aceptado que se equivocaron y que crecimiento sin capital humano, derechos humanos, salud, educación y equidad no lleva a nada más que a la perpetuidad de la pobreza y el subdesarrollo (salvo picos de crecimiento del PBI que se explican por inversiones en minas y petróleo, cambios en precios de los commodities y privatizaciones).

Pero, asumamos que las ganancias económicas sí serán mayores que los costos (económicos). ¿Firmamos? No. Hay costos o pérdidas que no se pueden comparar con ninguna ganancia económica. El Perú es firmante de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como la de los derechos del Niño. Esto implica que el gobierno peruano esta legalmente obligado a velar por los derechos humanos de todos los Peruanos –velar y promover. El derecho a la salud es uno de esos derechos que no se pueden –no se deben- poner en riesgo. No importa cual se el beneficio económico, si el gobierno peruano firma un acuerdo sabiendo que esto atentara contra un derecho humano (como la salud), entonces estará cometiendo una violación de derechos humanos. Y los empresarios y demás promotores serán cómplices. Así de simple.

Un estudio financiado por el Centro de Investigación Económica y Social (CIES) y que será difundido por el Ministerio de Salud, demuestra que en efecto, ese derecho esta en riesgo. Las familias peruanas deberán pagar US$29 millones adicionales en medicamentos durante el primer año del TLC. El reporte, que además confirma la opinión de Indocopi que hasta el 2015 los precios aumentarían en hasta un 60%, resalta sólo uno de los tantos costos adicionales que traerá este proceso.

Y como los costos que acarearan los subsidios norteamericanos sobre los agricultores peruanos, el precio lo pagarán los pobres. Las medicinas en el Perú las pagan los usuarios. El sistema de salud no es lo suficientemente fuerte como para cubrir los costos de medicinas y sólo aquellos con acceso a seguros de salud privados pueden lograr algún nivel de seguridad o estabilidad en sus gastos médicos.

Seguir adelante con un acuerdo que significará un incremento inmediato de US$29 millones en gastos de salud y que acarreará además, otros gastos relacionados con una necesaria re-estructuración de nuestra economía a favor de los sectores de servicios especializados a costa de los sectores de manufactura y agrícolas –de los que aún sobrevive y depende la mayoría de la población, resulta inconcebible.

Votar en contra (votar es un decir porque en el Perú no nos han dado la opción de votar a favor o en contra de un acuerdo que va a tener consecuencias directas sobre nuestras vidas) es la única opción para un gobierno que dice trabajar por los mas pobres y proteger respetar los derechos humanos de todos los peruanos. Pero votar en contra no significa que no queremos un acuerdo; que no queremos incrementar el flujo comercial con los Estados Unidos. Votar en contra significa que no queremos ESTE acuerdo. Que ESTE acuerdo no es lo suficientemente bueno para el Perú. Que estamos mejor tal como están las cosas. Que nos volveremos a sentar en unos meses para discutir OTRO acuerdo. Un acuerdo que nos convenga a todos y que no atente contra los derechos y el bienestar de los peruanos mas pobres y vulnerables.

Abandonar las negociaciones no debe verse como un fracaso. Debemos asegurarnos que los negociadores peruanos sepan que no serán condenados por no firmar si es que el acuerdo no le conviene al Perú. Pero que sí serán condenados y fiscalizados si firman sabiendo que el acuerdo va a atentar directamente contra los derechos humanos más básicos de los peruanos más pobres y vulnerables.

El derecho a la salud –como lo es cualquier otro derecho humano- no puede sustituirse por nada. Un peruano muerto a causa del incremento en los precios de las medicinas tal como lo demuestra la evidencia es suficiente para no firmar. ¿O están nuestros políticos dispuestos a públicamente calcularle un precio a la vida de un niño peruano?