Mucho se ha discutido sobre las ONGs en el Perú, en los últimos días. Mucho se ha discutido sobre las leyes de ONGs en muchos países a nivel mundial. En Estados Unidos, una nueva legislación, hace casi imposible trabajar con país musulmanes –por miedo a que alguna de las organizaciones con las que uno pueda trabajar (recibiendo o donando dinero) este involucrada, de alguna forma, indirectamente, y sin saberlo, con alguna organización en la lista de sospechosos de la CIA.
Pero, bueno, la nueva ley que fiscaliza sus actividades se ha presentado como un mecanismo para aumentar el nivel de transparencia en el sector pero ha sido atacado por la sociedad civil por atentar contra la constitución. Las ONGs en el Perú reciben donaciones y pagos por servicios que llegan a los $500 millones. Algunos proponentes de la nueva ley, como la Congresista Lourdes Alcorta, sugieren que todo esto es “un buen negocio”. Pero pongamos esto en perspectiva.
El dinero que las ONGs de desarrollo (ONGd) reciben de fuentes oficiales (gobiernos, agencias de cooperación), socios (otras ONGs internacionales) o del público en general, esta sujeto a las leyes de cada país, en términos de la forma en la que se recolectan y distribuyen los fondos. En la gran mayoría de los casos, los fondos que llegan al Perú están destinados a proyectos o actividades específicas –que, como dice Rafael Rey, pagan los sueldos de las personas que trabajan en las ONGs. Y esto, en sí, no es un problema; alguien tiene que construir el colegio, o enseñar la clase, o hacer la investigación, o vacunar a los niños, etc.
A cambio del dinero, las organizaciones debe reportar, a sus donantes, el modo en el que hacen uso de los fondos. Y existen varios métodos e innumerables iniciativas de monitoreo y transparencia en este caso. No falta información sobre la forma en la que se usan los fondos. Y en todo caso, podemos preguntarnos que tan relevante es esta información para el Estado –si es que estos son fondos privados manejados por entidades privadas. Nadie le pide a una empresa privada (que no cotiza en bolsa) que publique exactamente como gasta sus ingresos. Basta que se registre como una asociación y pague sus impuestos.
El otro tema que ha surgido tiene que ver con algo más importante: la armonización de las actividades de las ONGd. Este es un tema importante. No lo discuto. De nada sirve que todos hagan los suyo por su lado sin coordinar con otras ONGd y con el Estado. Pero hay una diferencia entre armonizar las intervenciones para que no se dupliquen esfuerzos y “establecer prioridades de desarrollo para las ayudas del exterior destinadas a los lugares más necesitados del país”. Esto le corresponde a la política pública (así como le corresponde establecer alianzas con las ONGd y el sector privado para priorizar esfuerzos en estas regiones) pero no a las ONGd. Estas no han sido creadas como herramientas de política del gobierno peruano. Existen ONGd creadas para trabajar en la costa norte; otras en la sierra sur; otras en una provincia específica. Hay unas que se dedican a la salud, otras a la nutrición; otras a la seguridad alimentaria. Existen ONGd que brindan servicios; otras hacen investigaciones; otras ofrecen apoyo y asesoramiento al gobierno (nacional, regional, provincial, etc). Y hay otras ONG que son simplemente asociaciones de personas, de vecinos, de amigos, clubes de bulbito, de madres, de padres, de jóvenes.
La diversidad de ONGd (que en realidad deberíamos llamar de organizaciones de la sociedad civil –y por organizaciones me refiero a organizaciones de todo tipo) se debe a la diversidad de las personas que enfrentan (una diversidad de) problemas y de aquellas que buscan ayudarlos. Todos tenemos distintas percepciones de la realidad y de la forma en la que debemos responder a la misma, y lo que hacen las ONGs es alinear esas preferencias (morales, políticas, económicas, religiosas, sociales) de los que ayudan con los que necesitan ayuda.
El gobierno peruano, si quiere promover (no pude demandar) la armonización de las actividades de las ONGd (o de la sociedad civil en general) es empezar por establecer esas prioridades a las que se refieren. Dejar en claro cual es el plan de cambio y desarrollo a largo plazo. Pero no unilateralmente. La sociedad civil está a ahí para participar del proceso de debate y decisión que establezca ese plan (digamos, a la el Acuerdo Nacional). Con un plan similar, el gobierno puede acercarse a los donantes de las ONGd y sugerir (y negociar) con ellos para que prioricen esas áreas de trabajo. Esto sucede en todos lados y existen diversos mecanismos para hacerlo (Enfoques Sectoriales; Apoyo al Presupuesto Sectorial; etc.).
Pero hay otro problema. El gobierno parece no entender lo que es o hace la sociedad civil. En general, en el Perú existe poco debate sobre este grupo; aún siendo un grupo tan significativo. La sociedad civil no es las ONGs. Es más que esto. Incluye a los gremios, los partidos políticos, a las comunidades, a los clubes de madres, a las asociaciones deportivas, a los grupos de jubilados que trabajan en sus barrios, a las rondas de vecinos, a la iglesia (en parte), a las universidades, a los centros de investigación (sin fines de lucro), las ONGs internacionales, ONGs nacionales, redes y coaliciones, etc. Muchas de estas son organizaciones formales pero otro tanto, probablemente mayor, son organizaciones semi-formales o informales. Existen para cubrir un vacío que ni el Estado ni el mercado (ni la familia) pueden cubrir (o quieren cubrir).
Ofrecen cuidado personalizados a niñas y adolescentes embarazadas (olvidadas por sus familias y el Estado –y sin dinero para ‘comprar’ servicios de salud privados); o comparten conocimientos indígenas sobre el uso sostenible de la tierra y los recursos a lo largo de la sierra (a donde no llega el Estado, ni el mercado).
Estas organizaciones más pequeñas e informales trabajan mano a mano con las ONGs más grandes y formales. Cada una hace su trabajo y pueden contribuir al objetivo de eliminar la pobreza. Las que pueden, colaboran con el gobierno: uniendo esfuerzos, sumando presupuestos, conversando, debatiendo, compartiendo el riesgo y extendiendo los beneficios. Pero esto no requiere un control central sino la promoción de espacios participativos.
Es cierto, sin embargo, que existen muchas ONGs que abusan de su posición y de los fondos que reciben. Pero un control centralizado de sus finanzas no es la solución. Más bien, el gobierno debe promover prácticas más transparentes y que los donantes (que pueden ser individuos) estén más al tanto de la forma en la que se gastan sus fondos.
Pero, ¿cómo se gastan y en qué los fondos de una entidad privada, sin fines de lucro? Esto no cae dentro de la jurisdicción del Gobierno. No tiene vela en ese entierro. Lo único que puede fiscalizar es que las actividades no sean ilegales. Pero nada más. Algo más sería como decirle a una pareja como y cuanto darle de propina a sus hijos; o decirle a una empresa privada que no le pague tanto a un gerente. ¿Por qué tratar a la sociedad civil distintamente?
¿Será porque la sociedad civil magnifica la voz de los que normalmente no tienen voz? ¿Será porque, legítimamente, retan a los políticos oficiales a cumplir con sus promesas y sus responsabilidades? ¿Será porque han demostrado, una y otra vez, tener la capacidad de encontrar e implementar las soluciones que han esperado durante tanto tiempo los más pobres?
No hay duda que hay ONGs que son ineficientes; que se equivocan en sus enfoques; y de hecho algunas que causan más daño que bien. Pero la solución para combatir estas pocas manzanas podridas no pasa por hacer una redada general de todas las ONGs del país sino de, con un poco de inteligencia, trabajar con estas para que no sean ineficientes y que armonicen sus enfoques y actividades con lo que se sabe que funciona; en el Perú y a nivel mundial.
