No es usual que un buen número de medios de prensa se una ante un tema con tanta rapidez. El debate alrededor de la Ley de ONGs es uno de esos casos –lamentablemente, es también uno de esos casos en los que el debate sucede muy tarde. Ahora estamos nadando contra la corriente a espera que el Ejecutivo (que parece decidido a aprobarla) la observe.
Las opiniones sobre el tema son diversas pero parecen coincidir en que si bien la transparencia es buena, el autoritarismo a la Gran Hermano no conduce al reforzamiento del llamado tercer sector. Juan Paredes Castro (en El Comercio 28 octubre) está de acuerdo con que las ONGs deben redir cuentas “pero no de la manera como lo quiere un sector del Congreso: haciéndolas pasar por el peor aro del gobierno, aquel que siempre esconde o esconderá un lado oscuro a la hora de juzgar qué aprueba y qué no”. Para Paredes Castro, no queda duda que “telón de fondo que anida detrás de la norma y que no es otro que la vendetta política de quienes, viniendo del gobierno autoritario de Alberto Fujimori, vieron precisamente abiertas sus cartas y sus estrategias gracias a las investigaciones y denuncias de las ONG que, en circunstancias de ausencia de partidos políticos estructurados y fuertes, desempeñaron un papel fundamental en la defensa de las libertades y de la democracia.”
Augusto Álvarez en Perú.21 (29 de octubre) coincide y compara a García con Putín. No hemos llegado a eso, pero no estamos lejos. Álvarez cuestiona uno de los principales fundamentos del argumento a favor de la ley: la falta de transparencia. “El problema es que dicha transparencia ya existe, principalmente a través de las entidades donantes. Lo que en verdad permitirá esta ley es darle al gobierno la capacidad de intervenir e interferir en las actividades de asociaciones libres formadas para promover objetivos que, en algunos casos, pueden ser contradictorios con las políticas que aplica el régimen de turno.”
Para Alberto Adrianzén, en La Prepública (28 octubre), la Ley es una estrategia de control a la libertad de pensamiento. “Va más allá de ser un simple atentado antidemocrático contra las ONGs. Es también un ataque, importante por lo demás, a lo que podemos llamar el pensamiento progresista en el Perú.” Cada partido político por sus propias razones:
“El fujimorismo actúa no sólo por venganza. Como se sabe, muchas de las ONGs fueron actores importantes en la lucha contra el autoritarismo corrupto en la década pasada.” Para los fujimoristas controlar a las ONGs, derrotarlas, es una forma de asegurar el regreso al poder. “La derecha representada por UN actúa en favor de uno de los sectores que siempre ha defendido: los grandes empresarios.” A estos no les gusta que las ONGs defiendan a sus trabajadores, a las poblaciones indígenas, a los campesinos, al medio ambiente. Es una lástima que tanta retórica en favor de los pobres y las libertades se haya convertido en una ofensiva contra los derechos civiles y políticos de los peruanos.
El APRA, más allá de querer apretar el puño del poder responde a un fobia institucional al pensamiento progresista. Según Adrianzén, “es demasiada competencia intelectual para un partido que se ha movido entre la mediocridad y la medianía” desde la muerte de Haya de la Torre.
Para Fernando Rospigliosi, la Ley es una estrategia para callar a las ONGs que fiscalizan al gobierno. Que defienden los derechos que el estado es incapaz de asegurar. Si no es el tercer sector, ¿quién, entonces, cumplirá esta labor?
En La Primera, el padre Gastón Garatea, presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, aseguró que el gobierno caería en un "controlismo peligroso". De hecho, las ONGs, como han intentado explicar otros líderes de opinión, "sí rinden cuentas… por medio de la SUNAT y del sistema bancario"; pero además, es importante resaltar, por medio de diversos mecanismos de monitoreo y evaluación demandados por los donantes. Estos métodos, tal como lo precisó Carlos Eduardo Aramburu del CIES en El Comercio (4 de noviembre) “(Ninguna ONG seria se opone a la transparencia y a la rendición de cuentas. Es más, las fuentes cooperantes) son casi siempre más exigentes en la supervisión financiera que los sistemas de control público.”
Para el director del Instituto de Defensa Legal (IDL) Hans Landolt, esta Ley permitirá al gobierno a silenciar a las ONGs que más incomoden su poder. Digamos que para el gobierno el seguimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación no es una prioridad. Si “el gobierno decidirá a quién aprueba los proyectos, y seguro que serán bienvenidas sólo las ONGs que no discrepen con el gobierno," ¿qué pueden esperar las víctimas?
La oposición
El Peruano (28 octubre), como siempre en la oposición (sarcasmo), estableció que “Hay razones jurídicas, económicas y sociales para que existan mecanismos de transparencia en las actividades de las organizaciones no gubernamentales (ONG), afirmó ayer el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo.” No hace falta tener una opinión cuando nos la dictan desde arriba.
Para mi no hay nada como las palabras del congresista de UN, Raúl Castro Stagnaro, para describir las motivaciones detrás de la Ley. Para Castro, el problema es que las ONGs se meten en política. No lo pudo decir mejor. El miedo de los políticos es que los ciudadanos (porque a fin de cuentas las ONGs estan formadas por ciudadanos) se metan en política. Castro aseguró que "hay ONG’s que estaban tratando de sustituir al Estado, pero no siempre en la forma correcta. De ahí que hemos tenido en el pasado una cantidad de ONG’s que están vinculadas a actividades fuera de la ley; y esto no es extraño para nadie en el Perú." Castro parece olvidarse de las actividades fuera de la Ley del gobierno y los políticos como él. Continúa él, “muchas ONG, de las denominadas sociedades civiles, intentan hacer política sin pasar por el flagelo que pasamos los partidos políticos,” (seguramente se refiere a no tener que conseguir plata con favores ni hacer promesas sin sustento) “hacer política en un país donde hay una tremenda debilidad institucional, y donde los partidos políticos han sido permanentemente satanizados". O sea que es envidia. ¿Sugiere, entonces Casto, que si las ONGs fuesen más corruptas y hiciesen más promesas que no pueden cumplir y no representasen a nadie, entonces sí tendrían el derecho de “hacer política”? Pero, además, Castro se olvida que la poca estabilidad que tenmos la brinda, justamente, la sociedad civil: Transparencia, la Coordinadora de Derechos Humanos, la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, etc.
Este es un problema serio. Un Congresista de la República que no sabe que fue elegido para representar los derechos políticos de los peruanos. Esos derechos no los perdemos. Siguen siendo nuestros y podemos ejercerlos en cuanto medio queramos. Escribiendo en un blog, por ejemplo. Marchando por las calles. Votando. Comprando (sí, comprando; por ejemplo, una marca de gaseosa en lugar de otra). La política afecta todo lo que hacemos. Absolutamente todo. Y por lo tanto nos corresponde, a todos, participar en política. No es, como pretende Castro, la propiedad de los políticos.
Sorpresa, sorpresa, Rafael Rey apoya la Ley y se opone a la designación de Sofía Macher al Consejo de Reparaciones. Las opiniones de Rey no ofrecen nada nuevo, como siempre, en el tema de la Ley de ONGs. Pero vale la pena recordar con que desdén y vulgaridad se refiere, como siempre, a las víctimas de la violencia política que vivió nuestro país: "Ahí veremos [poniéndole nombre y apellido a todas las víctimas] si efectivamente hay 70 mil víctimas (según la cifra de la CVR) o alrededor de 20 mil”. En un país dónde millones no tienen documento de identidad. Que bien que el Señor Ministro conoce tan bien al Perú.
Expreso se une a esta versión de la historia y pone en una misma oración a la "vergüenza del Perú" con la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía –que oportuna manera de mostrar sus cartas.
La Razón (28 octubre) usa el ejemplo de Colombia para criticar a las ONGs peruanas. El problema con este ejemplo es que la iniciativa colombiana, ante todo, es voluntaria. Justamente lo que las ONGs en el Perú ya han hecho mediante diversos procesos –lo que faltaría es agregarlos (como lo propone Carlos Aramburú). Pero es una lástima que no se aclare que la situación en Colombia en relación a las libertades civiles y políticas es aún más deplorable que la peruana. A nivel mundial hay códigos de conducta para la sociedad civil (en salud, VIH, situaciones humanitarias, etc.).
Ahora
¿Será acaso una alianza entre el Aprismo, el fujimorismo y el pepecismo como sugiere Mirko Lauer en Perú.21 (30 octubre)? La alianza del APRA con la derecha responde al interés de defender a las inversiones mineras y energéticas ante las deplorables violaciones de derechos humanos y ambientales. La alianza entre el APRA y el fujimorismo, peligrosamente, responde al interés de ambos de evitar ser (a)justiciados por las violaciones de derechos humanos de sus gobiernos. Pero ¿será que también los protegerá de futuras violaciones?
Después vendrá una ofensiva contra todo aquel que se oponga a lo que sea que se designe prioridad del Estado. Y sin crítica ni oposición, la prioridad la determinará aquel que tenga el poder. ¿Y la democracia? ¿Regresamos a la doctrina fujimorista de callarse la boca entre elecciones?
Es una lástima que UN apoye la Ley. En un voto ha traicionado a sus propias credenciales de derecha “anti-gobierno a la Gran Hermano”. En un mundo neo-liberal que se mueve sistemáticamente a la promoción de mayor participación de las ONGs en la vida económica, social y política, el partido que dice estar alineado con la “modernidad” se ha tropezado y caído en la tentación del oscurantismo.
Hay que entender algo muy claramente. No se trata de oponerse a mayor transparencia. No se trata de no cerrar las las ONGs que no cumplen con ser transparentes y hacer bien su trabajo. O no cerrar a las que se crearon para lavar dinero –que deben ser muchas pero no la mayoría. El problema es que esta Ley busca silenciar. Esto esta claro. Esta es una Ley autoritaria. Dirigida a incrementar el control y el poder del aparato estatal –y esto es peligroso en un país como el nuestro en el que el aparato estatal está a la venta por unos pocos dólares y la sangre de los peruanos.
Las propuestas alternativas existen. Mecanismos voluntarios como los códigos de conducta o paneles autónomos conformados por miembros de la sociedad civil, la cooperación internacional y el gobierno han sido probados en otros sectores y países.
Pero lo más peligroso, es que la idea que la política le pertenece a unos pocos elegidos y no al pueblo (a todos los peruanos) prevalece; aún después de las protestas del 2000. Así, señores congresistas, jamás saldremos adelante. La masa, independiente, libre tiene más ideas que los pocos que se sientan en la burocracia estatal -y corporativa. Las ONGs son los descendientes de los peruanos que lideraron el pensamiento, la resistencia y la ofensiva contra el poderío español. La Sociedad de Amigos del País no habría podido sobrevivir con esta Ley.
Que viva el Rey.
