Cumpliendo con lo anunciado por el Presidente García en su primer mensaje a la nación, el 1ero de septiembre de este año el Poder Ejecutivo remitió al Congreso el proyecto de ley No. 00106/2006-CR que promueve el ingreso a la administración pública a los diez mejores alumnos de las universidades del país.
El proyecto, según resumen de la página Web del Congreso, establece que los diez primeros puestos en rendimiento académico de las universidades públicas y privadas del país tendrán una bonificación especial equivalente al 50% sobre el puntaje final obtenido en los concursos públicos de mérito en los que participen, para acceder a una plaza en la administración pública en la región donde se ubica la universidad de procedencia. De manera lógica el proyecto de ley tiene como principal objetivo que el Estado se beneficie con la probable incorporación de dichos alumnos a la administración pública, lo cual elevará el nivel profesional de sus servidores. Asimismo, termina señalando el proyecto que la dación de la norma constituirá un estímulo para todos los alumnos universitarios, pues el Estado premiará el esfuerzo y dedicación de los jóvenes más destacados, brindándoles la posibilidad de acceder a un empleo.
Nadie puede oponerse a semejante proyecto de ley que busca de manera loable los mayores beneficios tanto para el Estado como para los recientes egresados y en consecuencia jóvenes buscadores de empleo. Sin embargo, resulta totalmente discutible que se alcancen los objetivos propuestos. En medio de la austeridad en lo que concierne a gastos públicos anunciada por el Gobierno, de dónde se sacarán los fondos para asegurar que estos diez primeros alumnos tanto de las universidad públicas como privadas quieran efectivamente optar por una carrera pública y desestimen de esta manera los mayores sueldos ofrecidos, como regla general, por el sector privado? Es más, tanta fe tienen los congresistas del APRA en este proyecto de ley que tildan de PROBABLE la incorporación de dichos alumnos al sector público.
Por otro lado, el proyecto señala que en el caso de no existir plaza disponible sujeta a concurso público de méritos en la región, los referidos alumnos podrán ser convocados a ingresar al sector público a través de cualquier otra modalidad de contratación de personal que realizan las entidades del Estado ubicadas en la región. Para alguien como el que escribe que estuvo 4 años de servidor público en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú, esto se refiere claramente a la modalidad de “contratos por servicios personales”, lo que significa, para ponerlo en lenguaje sencillo, un sueldo mucho menor que el de una “persona contratada” y además sin derechos básicos como vacaciones, seguro de salud, bonificaciones por rendimiento, AFP, etc. y, para terminar y reírse a carcajadas, con una gratificación en fiestas patrias y Navidad de 200 soles (en vez de un sueldo entero) que con las justas alcanza para llenar un tanque de gasolina… y de 84. ¿Así planean alentar la entrada de alumnos sobresalientes al sector público?
El Gobierno tiene que entender que si quiere lograr la eficiencia y de paso combatir la corrupción en todas las esferas públicas, el principal y más importante paso es el incremento de los sueldos (o en todo caso algun tipo de incentivo extra sueldo) y, en el largo plazo, la homologación de los mismos con los del sector privado. Es decir, dejar de ver los sueldos como un gasto sino como una inversión a mediano y largo plazo, lo que hará que la fuga de talentos al exterior se minimice y se cree un círculo virtuoso.
